En plena construcción del socialismo, la Ley del Trabajo en Venezuela constituye un verdadero anclaje en el pasado. Pero peor que la ley parece ser la práctica.
Como la Revolución no llegó por las armas, las estructuras burocráticas y administrativas del Estado siguen repletas de funcionarios de la vieja guardia, en su mayoría educados en la corrupción y en la negligencia.
La Revolución enfrenta estas estructuras por la vía de los hechos con la incorporación de un número importante de funcionarios de un muy alto nivel político y profesional que tiene la enorme responsabilidad de asumir las políticas de gobierno y echarlas a andar, a pesar de la vieja guardia allí anquilosada.
La Revolución, sin embargo, no ha podido enfrentar lo que es realmente medular en este asunto: la estructura de privilegios que abriga el aparato del Estado.
Así las cosas, los revolucionarios devenidos en funcionarios (dije bien revolucionarios) son verdaderos infiltrados en el Estado que no gozan de la simpatía de la vieja guardia, ni de sus privilegios, pero que de hecho tampoco disfrutan de los derechos inherentes a su condición de trabajadores.
A los revolucionarios se los contrata por honorarios profesionales, es decir, a la vieja usanza de las profesiones liberales. A los revolucionarios no se les da continuidad laboral, ni se les ofrecen reales oportunidades de ingresar y permanecer en la carrera administrativa ¡porque la estabilidad laboral es un lujo pequeño burgués! A los revolucionarios se les patea desde adentro y desde afuera, y lo hace la vieja guardia y la nueva también. Los revolucionarios son terciarizados y poco a poco expulsados del aparato del Estado y de la Revolución.
El sistema vive, se defiende y se reproduce.
